El colapso de Conexión Ganadera, empresa acusada de operar bajo un esquema Ponzi con un déficit de 250 millones de dólares, dejó al descubierto inversiones de la diócesis de Canelones (542.000 dólares) y de la congregación de monjas salesianas (182.000 dólares), sumándose a más de 4.000 damnificados. Los intereses generados por estas inversiones eran fundamentales para el funcionamiento de estas instituciones religiosas.
Sin embargo, más allá del impacto económico, el escándalo expone las estrechas relaciones de los empresarios implicados, Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso, con figuras del Partido Nacional. Basso, ferviente católico y miembro activo de la parroquia de Florida, tenía vínculos directos con dirigentes nacionalistas, lo que pone en cuestión la falta de controles y la confianza ciega depositada en su gestión.
Este caso no solo refleja un fraude financiero masivo, sino también cómo la cercanía al poder político y religioso sirvió de escudo para legitimar operaciones opacas. La ausencia de fiscalización y el entramado de relaciones personales y políticas revelan una vez más cómo ciertos círculos de poder en Uruguay operan sin el debido escrutinio público. La responsabilidad no es solo de quienes defraudaron, sino también de quienes, por acción u omisión, permitieron que esto sucediera.
